La promesa tecnológica frente a la realidad material
La inteligencia artificial llegó a los tribunales mexicanos como una promesa de eficiencia: procesos más rápidos, sentencias mejor redactadas, justicia pronta y expedita. Pablo Pruneda Gross, coordinador de la Línea de Investigación Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoce que la IA ya se usa en tribunales como apoyo en análisis y redacción, pero subraya que la decisión no puede ser delegada a la herramienta [Fuente 1].
Sin embargo, la realidad material del sistema judicial está lejos de esa promesa. El diagnóstico de México Evalúa, aplicado a 29 de las 32 fiscalías estatales y la FGR, muestra que la adopción tecnológica es profundamente desigual: mientras Baja California y Querétaro utilizan 13 herramientas digitales, Morelos apenas reporta una [Fuente 2]. Esta disparidad no es un detalle técnico: define quién puede investigar con eficacia y quién queda condenado a la precariedad.
La tecnología no corrige la desigualdad: la reorganiza.
Tribunales sin reglas: la IA como herramienta sin marco normativo
El uso de IA en el Poder Judicial de la Federación ocurre sin un marco regulatorio específico. El magistrado Juan Jaime González Varas, del Décimo Tribunal Colegial en Materia Civil del primer circuito, transparentó en agosto de 2025 que utilizó IA como herramienta auxiliar para calcular montos de garantías, y planteó la pregunta incómoda: ante la falta de regulación, ¿qué hace un tribunal? ¿Aplica la IA y lo esconde, la aplica y no lo dice, o no la puede aplicar? [Fuente 1].
La respuesta no existe en el ordenamiento jurídico. Mientras tanto, el juez Hugo Roberto Pérez Lugo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, emitió en marzo de 2026 una circular para regular el uso de IA en su juzgado, permitiendo su uso para simplificar ideas en la redacción de sentencias y para análisis generalizado de información, con precauciones [Fuente 1]. Son iniciativas aisladas, no una política pública. A juicio de este medio, esa fragmentación normativa deja la decisión sobre el uso de IA al criterio individual de cada juzgador, lo que produce prácticas inconsistentes y opacas.
La falta de regulación convierte el uso de IA en una decisión individual de cada juzgador.
Fiscalías desiguales: el mapa de la justicia digital en México
El diagnóstico de México Evalúa, reportado por Más Información, dibuja un mapa desolador: 89.6% de las fiscalías tienen identificación dactilar y 86.2% cuentan con ADN, pero solo 26.92% utilizan reconocimiento facial. Apenas seis fiscalías reportan usar herramientas digitales para presentar pruebas en audiencias, y solo tres tienen capacidad para rastrear direcciones IP [Fuente 2]. Las herramientas más sofisticadas, como el monitoreo de patrullas en tiempo real o el rastreo de IP, son privilegio de unas pocas entidades.
Esta brecha no es neutral. La capacidad de investigación y judicialización varía según el estado, afectando directamente la eficiencia de las investigaciones y el acceso a la justicia para las víctimas [Fuente 2]. Una víctima en Morelos, donde la fiscalía apenas tiene una herramienta digital, enfrenta condiciones materiales radicalmente distintas a una en Baja California. La desigualdad territorial se convierte en desigualdad ante la ley.
La capacidad de investigación y judicialización varía según el estado, afectando directamente el acceso a la justicia.
Vigilancia predictiva: el espejismo de Ecatepec
Mientras las fiscalías carecen de herramientas básicas, algunos municipios apuestan por tecnologías de vigilancia masiva. El gobierno de Ecatepec, en el Estado de México, anunció la creación del C7i, un centro de mando con inteligencia artificial y reconocimiento facial que, según sus autoridades, podrá monitorear rostros y matrículas de vehículos, e integrará tecnología predictiva para detectar "patrones anormales" [Fuente 3]. El proyecto se nutrirá de bases de datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal [Fuente 3].
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que no hay forma de reconocer o predecir comportamientos delictivos a través de estas técnicas, y que las tecnologías de vigilancia masiva con reconocimiento facial son altamente susceptibles de identificar erróneamente a personas, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias, especialmente en grupos vulnerables como personas racializadas, mujeres y personas trans [Fuente 3]. A juicio de este medio, la apuesta por la vigilancia predictiva sin evidencia científica no es un error técnico: es una decisión política que prioriza el control sobre la justicia.
La vigilancia predictiva sin evidencia científica prioriza el control sobre la justicia.
La lógica del papel: digitalización sin transformación
El diagnóstico de México Evalúa revela un rezago estructural: la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma. Sigue predominando la lógica del expediente en papel, escaneado, pero sin integración real a sistemas de gestión de casos [Fuente 2]. Las herramientas digitales se compran, pero no se integran a una estrategia de investigación criminal centrada en las personas operadoras.
Este medio lee ese dato como la confirmación de un patrón: el Estado mexicano adopta tecnología como fachada de modernización, sin transformar las estructuras que producen la impunidad. La recomendación de México Evalúa es clara: pasar de la compra de tecnología a una gestión integral de capacidades, garantizar interoperabilidad real entre policías y fiscalías, y planear la adopción con objetivos claros y mecanismos de evaluación [Fuente 2]. Pero mientras la lógica del papel persista, la digitalización será solo un maquillaje.
La digitalización sin transformación estructural es solo un maquillaje.
¿Cómo me afecta esto?
La brecha tecnológica en la justicia no es un problema de otros. Lo que ocurre en una fiscalía de Morelos o en un tribunal de la Ciudad de México modifica la regla común bajo la que vivimos todos. Si el sistema permite que una víctima en una región pobre no tenga acceso a herramientas básicas de investigación, mientras otra en una zona rica sí las tiene, entonces la justicia deja de ser un derecho universal y se convierte en un privilegio geográfico. Eso también cambia tu vida, aunque no lo veas: baja la confianza en las instituciones, sube el miedo, y el poder aprende que puede administrar la justicia de manera desigual sin consecuencias.
La teoría crítica del derecho ayuda a entender que el derecho no es un conjunto de normas neutrales, sino un dispositivo que reproduce las relaciones de poder existentes. Cuando la tecnología se incorpora sin regulación y sin estrategia integral, no corrige esa estructura: la profundiza. La desigualdad digital es la nueva forma de la desigualdad jurídica, y nadie vive fuera de ese sistema. Una herida permitida contra una víctima en Ecatepec o en Morelos también cambia la vida de quienes creen estar a salvo, porque el tejido social es un organismo: cuando se rompe una parte, todo el cuerpo sangra.
La desigualdad digital es la nueva forma de la desigualdad jurídica.