PRÓLOGO: La Justicia como Máscara de la Dominación
En un país con 130,000 desaparecidos, más de 50,000 homicidios anuales y niñas prostituidas en Cancún como parte del paquete turístico, la pregunta no es por qué la justicia falla. La pregunta es a quién sirve cuando funciona.
Este artículo no es un ejercicio académico. Es una denuncia de clase contra el Poder Judicial mexicano, utilizando como prueba la sentencia del 26 de febrero de 2026 dictada por los magistrados Brenda Janette Torres Reyna, Alejandro Flores Eraña y Nydia del Carmen Calderón Huerta en el caso de Santiago Salas Ferrari.
Desde una perspectiva materialista marxista, demostraremos que el derecho no es un conjunto de normas neutrales, sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Los jueces no son servidores públicos imparciales; son agentes de la superestructura cuya función esencial es proteger al Estado y a la burguesía de cualquier investigación que pueda desestabilizar el pacto de élites.
La impunidad del 99.9% de los delitos de autoridad, la protección sistemática a funcionarios y empresarios, la criminalización de los pobres y la indiferencia ante la masacre no son fallas del sistema. Son su razón de ser.
Este es el México que los magistrados Torres Reyna, Flores Eraña y Calderón Huerta ayudan a construir con cada sentencia que blinda al poder. Este artículo es para que sus nombres queden inscritos en la historia como lo que son: cómplices de la barbarie.
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I. MARCO TEÓRICO: EL DERECHO COMO SUPERESTRUCTURA DE DOMINACIÓN
1.1 La Tesis Marxista sobre el Estado y el Derecho
Para comprender por qué México está sumido en una crisis de justicia, debemos partir de la premisa fundamental del materialismo histórico: la estructura económica de la sociedad (las relaciones de producción, la propiedad privada de los medios de producción) determina la superestructura jurídica y política.
Como escribieron Marx y Engels en La Ideología Alemana:
"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante."
El derecho no es un conjunto de normas neutrales emanadas de la razón universal. Es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. El Poder Judicial, por tanto, no es un "árbitro" entre partes iguales, sino un instrumento de coerción y legitimación del Estado capitalista.
1.2 La "Igualdad Jurídica" como Fetiche Burgués
El capitalismo necesita, para su funcionamiento, la ficción de la igualdad formal ante la ley. Esta ficción permite que el obrero "libremente" venda su fuerza de trabajo al capitalista, y que ambos aparezcan como sujetos jurídicos iguales ante los tribunales. Pero esta igualdad es meramente abstracta. En la realidad material, el capitalista posee los medios de producción y el Estado; el obrero solo posee su fuerza de trabajo y su miseria.
En el terreno jurídico, esta desigualdad se reproduce mediante lo que los juristas llaman "carga de la prueba", "técnica procesal", "legitimación" y "oportunidad del recurso". Detrás de estas categorías aparentemente técnicas se esconde la imposibilidad estructural de que las clases explotadas accedan a una justicia real.
1.3 El Poder Judicial Mexicano: Guardián del Régimen de Impunidad
México no es una excepción. Al contrario, es un laboratorio excepcional para observar la podredumbre del derecho burgués en su fase neoliberal y de "Estado fallido". El Poder Judicial mexicano, lejos de garantizar derechos, cumple tres funciones fundamentales para el capital:
Proteger al Estado y sus agentes: Como veremos en el caso concreto, los jueces blindan a las autoridades responsables, impidiendo que sean investigadas penalmente. La impunidad de los funcionarios públicos no es una "falla del sistema"; es el sistema mismo en funcionamiento.
Criminalizar la protesta social y la disidencia: Mediante la aplicación selectiva del derecho penal contra líderes sociales, comuneros, maestros y estudiantes.
Garantizar la seguridad jurídica de la inversión: Asegurando que los conflictos entre capitalistas (o entre el capital y el trabajo) se resuelvan dentro de los cauces que no pongan en riesgo la propiedad privada.
II. EL CASO CONCRETO: SANTIAGO SALAS FERRARI VS. EL ESTADO MEXICANO
2.1 Los Hechos: Un Ciudadano que Osó Denunciar a la Autoridad
El ciudadano Santiago Salas Ferrari, en representación de la Fundación para el Desarrollo y Fomento Educativo, S.C., promovió un juicio de amparo contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE). Los actos reclamados implicaban una clara ilegalidad: la revocación indebida del registro de firmas y la usurpación de facultades por parte de funcionarios públicos.
Durante la tramitación del incidente de suspensión, Salas Ferrari advirtió que las autoridades responsables habían incurrido en falso testimonio en sus informes previos. Es decir, habían mentido bajo protesta de decir verdad. Ante ello, solicitó al Juez Tercero de Distrito que, conforme a la ley y a la jurisprudencia, diera vista a la Fiscalía General de la República para que investigara este probable delito cometido por las propias autoridades.
La respuesta del Juzgado fue negar la vista. Y, lo que es más grave, al hacerlo, aplicó un criterio absolutamente clasista: cuando el delito lo comete un particular, se da vista a la Fiscalía; cuando lo comete una autoridad, se guarda silencio.
2.2 El Recurso de Revisión: La Denuncia de la Parcialidad
Inconforme, Salas Ferrari interpuso recurso de revisión, argumentando:
Violación al principio de igualdad de armas.
Violación al principio pro persona.
Violación al derecho a un juicio imparcial.
Citó la jurisprudencia P./J. 13/2017, que establece la obligación de los jueces de dar vista al MP ante la probable comisión de delitos en el juicio de amparo.
Su argumento central era demoledor: "El Poder Judicial da vista de delitos fabricados en contra de las víctimas, pero no da vista de delitos comprobados plenamente cometidos por las autoridades".
2.3 La Sentencia de los Magistrados: La Confirmación de la Tesis Marxista
El 26 de febrero de 2026, los magistrados Brenda Janette Torres Reyna (ponente), Alejandro Flores Eraña y Nydia del Carmen Calderón Huerta, con la fe del secretario Sergio Arturo Blanco Martínez, dictaron sentencia confirmando la negativa del juez y declarando inoperantes e infundados los agravios.
Analicemos, paso a paso, las "consideraciones" de estos funcionarios, despojándolas de su ropaje técnico para mostrar su esencia de clase.
a) La "Inoperancia" como Arma de Clase
Los magistrados argumentan que los agravios son inoperantes porque "no controvierten las consideraciones del juez de amparo".
Traducción materialista: "Usted, ciudadano Salas Ferrari, pretende que analicemos su denuncia de fondo sobre la parcialidad del sistema. Pero nosotros, como jueces, no estamos aquí para hacer justicia, sino para verificar si usted siguió correctamente nuestro manual de técnica procesal. Como su denuncia no cabe en nuestras casillas preestablecidas, la declaramos 'inoperante'."
Esta es la esencia del formalismo jurídico burgués: una máquina de triturar demandas de justicia mediante el laberinto de los "requisitos de procedibilidad". El derecho se convierte en un fin en sí mismo, divorciado de su contenido social.
b) La "Imposibilidad" de Violar Derechos por Parte del Juez
El tribunal sostiene, citando jurisprudencia, que "los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo... técnicamente no vulneran derechos fundamentales y no pueden incurrir en ese tipo de violaciones por la naturaleza del medio de defensa".
Traducción materialista: "El juez está por encima del bien y del mal. Es una emanación del Estado, y el Estado, por definición, no puede violar derechos porque él es la fuente de los derechos. Si el juez comete una injusticia, no es una violación de derechos, es simplemente 'el ejercicio de su función jurisdiccional'."
Este argumento es teológico, no jurídico. Equivale a decir que el Papa no puede cometer herejía. En términos marxistas, es la autojustificación ideológica del aparato estatal, que se presenta a sí mismo como encarnación de la razón y la legalidad, blindándose así contra cualquier crítica sustancial.
c) El Falso Argumento del Ministerio Público como "Parte"
Los magistrados sostienen que no era necesaria una "vista" especial al MP porque el agente del Ministerio Público ya es parte en el juicio y "conoce las actuaciones".
Análisis materialista: Este argumento es una burla. El MP adscrito al juzgado no es un "fiscal investigador" autónomo; es un funcionario más del aparato, integrado en la misma lógica de protección mutua entre poderes. Pretender que este MP, que comparte edificio, café y estructura burocrática con los jueces, va a investigar de oficio a sus colegas de la SEGE o a los propios jueces, es un acto de cinismo.
La sentencia misma lo revela: el MP adscrito "no formuló el pedimento". Guardó silencio. Ese silencio es elocuente. Es la complicidad institucional sellada con la omisión.
d) La Distorsión de la Jurisprudencia
El tribunal reconoce la existencia de la jurisprudencia P./J. 13/2017, que obliga a dar vista al MP. Pero la interpreta de manera restrictiva: la vista no debe hacerse "al momento en que se presente la solicitud", sino "cuando los órganos jurisdiccionales lo consideren", pues de lo contrario "se estaría prejuzgando".
Traducción materialista: "Nosotros, los jueces, somos los únicos que decidimos cuándo un delito merece ser investigado. Y en este caso, como el delito lo cometió una autoridad, hemos decidido que no es el momento (nunca lo es) de investigar. Diremos que no 'prejuzgamos', para no manchar la 'presunción de inocencia' de la autoridad."
Esta es la hipocresía máxima: proteger la presunción de inocencia de un funcionario público que ha mentido en un informe, mientras se aplica todo el peso de la ley contra un ciudadano que osa denunciarlo.
III. LOS MAGISTRADOS: RETRATO DE UNA CASTA
Es momento de nombrar a los responsables concretos de esta decisión. No son abstracciones; son personas con nombres, cargos y firmas. Son los gestores de la injusticia en este caso.
Magistrada Ponente: BRENDA JANETTE TORRES REYNA
Como ponente, fue la encargada de formular el proyecto de sentencia. Sobre sus hombros recae la responsabilidad principal de haber diseñado los argumentos que blindan a la autoridad. Su firma electrónica, estampada el 11 de marzo de 2026 a las 15:17:46 horas, certifica su participación activa en este acto de denegación de justicia.
La magistrada Torres Reyna no es una ingenua. Conoce la jurisprudencia. Conoce la ley. Eligió, conscientemente, aplicar el criterio más restrictivo y favorable al poder. En su razonamiento, la "técnica procesal" pesó más que la denuncia de un delito. Esta es la ética del funcionario burgués: la forma por encima del contenido, el procedimiento por encima de la verdad.
Es complice de delitos.
Magistrado Presidente: ALEJANDRO FLORES ERAÑA
Como presidente del tribunal, su función no es solo administrativa. Su voto es necesario para conformar la mayoría. Al adherirse al proyecto de Torres Reyna, asume la responsabilidad política de la decisión. Su firma, estampada a las 16:08:49 horas del mismo día, es el sello de aprobación de la cúpula del tribunal.
Flores Eraña representa la jerarquía judicial que consolida la impunidad. Su presencia valida que la decisión no es un error menor, sino la línea oficial del tribunal.
Es complice de delitos.
Magistrada: NYDIA DEL CARMEN CALDERÓN HUERTA
El tercer voto de la unanimidad. Su firma a las 15:19:52 horas completa el trío de la "justicia" potosina. Su participación es la prueba de que no hubo disidencia interna. Los tres magistrados, por igual, compartieron la visión de que un delito de autoridad no merece ser investigado.
Es complice de delitos.
Secretario de Acuerdos: SERGIO ARTURO BLANCO MARTÍNEZ
El secretario no es un mero fedatario. Es el guardián de la forma. Es quien certifica que la sentencia es "verdadera" y quien la dota de eficacia jurídica. Su firma es la que permite que esta injusticia adquiera el estatus de "cosa juzgada". Sin su labor burocrática, la decisión de los magistrados no tendría validez. Es el engranaje que hace funcionar la máquina.
Es complice de delitos.
IV. MÉXICO Y SU CRISIS DE JUSTICIA: UNA EXPLICACIÓN MATERIALISTA DESDE EL HORROR COTIDIANO
Para entender por qué México está sumido en la más profunda crisis de justicia, no basta con señalar la corrupción como si fuera una enfermedad moral que aqueja a individuos. La corrupción es el síntoma visible de una patología mucho más profunda: la administración de los privilegios de la clase opresora burguesa. El sistema judicial mexicano no falla a pesar de los 130,000 desaparecidos, los más de 50,000 asesinatos anuales, la prostitución infantil en Cancún y la impunidad del 95% de los delitos. FUNCIONA EXACTAMENTE COMO DEBE FUNCIONAR para garantizar la reproducción del capital y la protección de la clase dominante.
4.1 El Estado como Comité de Administración de los Privilegios Burgueses
México no es un Estado fallido. Es un Estado exitoso en su función primordial: administrar los privilegios de la burguesía nacional y transnacional. La violencia, la desaparición y la impunidad no son anomalías; son herramientas de gobierno.
Cuando hablamos de 130,000 desaparecidos, no hablamos de errores burocráticos. Hablamos de cuerpos que han sido borrados por el capital. Detrás de cada desaparecido hay un territorio que disputar, un recurso natural que explotar, una fuerza de trabajo que disciplinar, una protesta que silenciar. Los campos de concentración que el narco y el Estado han construido en paralelo —las fosas clandestinas de Jalisco, Veracruz, Tamaulipas— son la geografía del terror necesaria para la acumulación.
Cuando hablamos de prostitución infantil en Cancún, no hablamos de "delincuencia organizada" aislada. Hablamos de la industria turística, el principal motor de la burguesía mexicana, que necesita cuerpos desechables para satisfacer la demanda del capital internacional. Los hoteles, los taxistas, los funcionarios municipales, los jueces que no investigan, son eslabones de la misma cadena de explotación. La niña explotada sexualmente en Cancún es tan producto del sistema como el empresario que lava dinero en bienes raíces.
El Estado mexicano, a través del Poder Judicial y la Fiscalía, tiene una función clara: garantizar que estos crímenes nunca sean investigados en serio. Porque investigar un desaparecido en Ayotzinapa implicaría desmantelar la estructura militar y política que lo desapareció. Investigar la prostitución infantil en Cancún implicaría cerrar hoteles y arrestar a empresarios. Investigar los homicidios en Ciudad Juárez implicaría señalar a las maquiladoras que crean las condiciones de miseria y violencia.
El Poder Judicial no es un espectador pasivo de esta masacre. Es un cómplice activo. Cada vez que un juez niega una orden de aprehensión contra un funcionario, cada vez que un magistrado declara "inoperantes" los agravios de una víctima, cada vez que un tribunal protege al Estado de ser investigado, está firmando una sentencia de muerte para los siguientes desaparecidos.
4.2 La Impunidad como Oxígeno del Sistema
La impunidad en México no es un defecto; es el oxígeno que respira el capital. Si el 99.9% de los delitos de autoridad quedan impunes, no es por "ineficiencia". Es porque el sistema necesita que así sea.
¿Quién desapareció a los 43 de Ayotzinapa? La policía municipal, la policía federal, el ejército, todos bajo la coordinación del Estado. ¿Cuántos han sido condenados? Una farsa. Los verdaderos responsables intelectuales —políticos, empresarios, altos mandos militares— siguen libres. La Fiscalía y el Poder Judicial han protegido a la cúpula.
¿Quién es responsable de la masacre de niños en la guardería ABC? Empresarios y funcionarios que sabían que las instalaciones eran inseguras. ¿Hubo condenas ejemplares? No. El Poder Judicial encontró la manera de diluir la responsabilidad.
¿Quién permite que en Cancún, Playa del Carmen y Tulum operen redes de trata de menores con impunidad? Funcionarios municipales, estatales y federales que reciben mordidas. Jueces que liberan a los detenidos. Ministerios públicos que "extravían" las denuncias.
La doctrina no escrita del Poder Judicial mexicano es clara: la autoridad no se investiga a sí misma. Y cuando decimos "autoridad", nos referimos a toda la cadena de mando del Estado y la burguesía. Desde el policía municipal que extorsiona hasta el empresario que financia campañas políticas, todos están protegidos por un manto de impunidad tejido por jueces y magistrados.
Esta impunidad no es pasiva; es activa y productiva. Genera las condiciones para que el capital pueda operar sin restricciones. La violencia no es un costo del sistema; es su método de administración.
4.3 La Administración de los Privilegios: La Verdadera Función del Poder Judicial
El Poder Judicial mexicano no existe para impartir justicia. Existe para administrar los privilegios de la clase opresora. ¿Qué privilegios?
El privilegio de explotar sin consecuencias: Un empresario puede pagar salarios de hambre, puede contaminar ríos, puede evadir impuestos, y si es llevado a juicio, tiene acceso a los mejores abogados y a jueces que entienden que "los negocios son los negocios". El pobre que roba una despensa va a la cárcel. El rico que desvía millones paga una fianza y sigue operando.
El privilegio de matar sin ser juzgado: Un militar que dispara contra civiles desarmados será protegido por el fuero de guerra. Un policía que "confunde" a un estudiante con un delincuente será suspendido temporalmente y luego restituido. Un político que ordena una desaparición forzada nunca será mencionado en las investigaciones.
El privilegio de disponer de los cuerpos: Los 130,000 desaparecidos no son "personas" para el sistema; son fuerza de trabajo extraviada. Si realmente importaran, los jueces ordenarían búsquedas inmediatas, las fiscalías trabajarían 24/7, el ejército entregaría sus archivos. Pero no lo hacen. Porque esos cuerpos no valen nada. Son desechables.
El privilegio de la impunidad sexual: La prostitución infantil en Cancún no es un "delito" para la burguesía turística; es un servicio más que se ofrece al turista. Y mientras el turista (generalmente extranjero, generalmente con dinero) pueda pagar, los jueces encontrarán la manera de archivar las denuncias. Porque investigar sería malo para los negocios.
Cada vez que un juez dicta una sentencia como la del caso Salas Ferrari —protegiendo a la autoridad, negándose a investigar un delito— está reafirmando este sistema de privilegios. Está diciendo, en el lenguaje técnico de las jurisprudencias, que hay personas que están por encima de la ley: los funcionarios, los empresarios, los militares.
4.4 La "Reforma Judicial" y la Farsa de la Lucha contra la Impunidad
El actual debate sobre la "reforma judicial" en México es una farsa que oculta la verdadera disputa: la lucha interburguesa por el control del aparato de impunidad.
Por un lado, está la fracción de la burguesía representada por el Ejecutivo actual, que quiere someter al Poder Judicial para que sirva a sus intereses inmediatos. Quiere jueces que no bloqueen sus megaproyectos, que no protejan a sus adversarios políticos, que permitan que el Estado siga operando sin trabas.
Por otro lado, está la fracción de la burguesía representada por la "vieja guardia" judicial, que defiende su autonomía para seguir administrando los privilegios a su manera, protegiendo a sus propios aliados y manteniendo el statu quo que les ha funcionado durante décadas.
En medio de esta disputa, el pueblo trabajador no es más que carne de cañón. Tanto un Poder Judicial "independiente" como un Poder Judicial "sometido" al Ejecutivo seguirán protegiendo a los verdaderos criminales. La diferencia es meramente táctica: ¿quién maneja el sello que valida la impunidad?
Ninguna reforma judicial dentro del capitalismo puede resolver la crisis de justicia en México. Porque la crisis no es de "malas leyes" o "malos jueces". Es una crisis estructural: el sistema necesita la impunidad para sobrevivir. Sin impunidad, caerían los empresarios, caerían los políticos, caería el ejército, caería la iglesia, caería la estructura misma del Estado.
4.5 La Justicia como Mercancía de Lujo
El marxismo nos enseña que en el capitalismo todo se convierte en mercancía. La justicia no es la excepción. En México, la justicia es un bien de lujo al que solo accede quien puede pagarlo.
El acceso a un abogado competente: Un litigio puede costar millones de pesos. Solo las grandes corporaciones y los ricos pueden sostener años de juicios. El trabajador que demanda a su patrón por despido injustificado enfrenta a un ejército de abogados pagados por la empresa.
El acceso a peritos: En un caso de feminicidio, los peritos independientes cuestan decenas de miles de pesos. La familia de la víctima, si es pobre, depende de peritos oficiales que trabajan para la misma fiscalía que no investiga.
El acceso a la justicia internacional: Cuando las víctimas de Ayotzinapa, de Acteal, de la masacre de Tlatlaya, lograron llevar sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hicieron gracias a organizaciones internacionales con financiamiento extranjero. El mexicano común no tiene esa posibilidad.
El caso de Santiago Salas Ferrari, que ha logrado llegar a un Tribunal Colegiado, es ya una excepción privilegiada. La mayoría de los mexicanos, ante una injusticia de la autoridad, solo pueden callar y soportar. O morir.
La "defensoría pública" no es justicia; es un simulacro diseñado para cumplir el trámite. El defensor público tiene cientos de casos, no tiene recursos, no tiene tiempo, no tiene incentivos para ganar. Su función no es defender al acusado; es legitimar la condena.
4.6 La Normalización del Horror: Cuando los Crímenes se Vuelven Rutina
Lo más grave de todo es que el sistema ha logrado normalizar el horror. Los 130,000 desaparecidos son una estadística. Los homicidios diarios son un número en la nota roja. La prostitución infantil en Cancún es un "problema social" que se aborda con campañas de concientización, no con operativos reales.
Esta normalización es el triunfo ideológico de la burguesía. Ha logrado que aceptemos la masacre como algo inevitable, como parte del paisaje mexicano. Ha logrado que las madres buscadoras sean vistas como "locas" o "estorbo" en lugar de como heroínas. Ha logrado que los jueces puedan dormir tranquilos después de negar justicia.
Cada delito que queda impune es una semilla para el siguiente delito. Porque el criminal —sea un funcionario, un empresario o un sicario— aprende que puede hacerlo sin consecuencias. La impunidad no solo protege el crimen pasado; produce el crimen futuro.
CONCLUSIÓN: MÉXICO, LABORATORIO DE LA BARBARIE CAPITALISTA
México no es un Estado fallido. Es un Estado exitoso en su función de administrar los privilegios de la burguesía. La prueba está en los números:
130,000 desaparecidos que nadie busca en serio.
50,000 asesinatos al año con una impunidad del 95%.
Millones de desplazados internos por la violencia.
Niñas prostituidas en Cancún para el turismo internacional.
Jueces que protegen a funcionarios mientras declaran "inoperantes" las demandas de justicia.
Todo esto no es un error. Es el plan de negocios de la clase dominante. Es la administración eficiente de la barbarie.
Mientras exista el capitalismo, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción, mientras exista un Estado que proteja estos privilegios, México seguirá siendo un cementerio. Los nombres de los magistrados Torres Reyna, Flores Eraña y Calderón Huerta quedarán en la historia como administradores menores de esta masacre. Ellos no son los únicos responsables, pero son eslabones conscientes de la cadena.
La única justicia posible vendrá cuando el pueblo trabajador tome el poder y destruya, junto con el Estado burgués, todo el aparato judicial que lo sostiene. Mientras tanto, nuestra tarea es acumular evidencia, nombrar a los responsables y organizar la resistencia.
¡Que 130,000 desaparecidos no sean solo un número!
¡Que las niñas de Cancún tengan voz!
¡Que los jueces criminales tengan nombre y apellido!
Santiago Salas Ferrari